COLAU, ADA / ALEMANY, ADRIÀ
El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española
El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo.
Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias.
Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro.
Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH
- Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas.
- Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total.
- A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.
